A la SGAE no le parece suficiente que desde el 1 de enerom tengamos que pagar 1,5 euros adicionales en concepto de canon cada vez que compremos un teléfono móvil; tampoco tienen bastante con los 3,15 euros extra que debemos desembolsar al adquirir un reproductor portátil de audio y vídeo; ni con los 30 céntimos por las memorias USB; ni con los 3,40 euros por las grabadoras de DVD; ni con los 7,95 euros por las impresoras multifunción, ni con los 0,44 euros por cada DVD virgen; ni con los 9 euros por los escáners; ni…
Además de todo esto, la SGAE exige que se ilegalice el p2p. Sus máximos ejecutivos quieren, en definitiva, que utilizar el eMule, BitTorrent, Ares y demás programas de pares pase a ser un acto constitutivo de delito. Así lo ha vuelto a dejar claro Pedro Farré, director de gobierno corporativo de esta organización, quien ha reclamado que se pongan en marcha “leyes más claras, que declaren inequívocamente el P2P como una actividad ilícita”. Más claro, el agua.
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